El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, informó a Estados Unidos este miércoles (28.08.2024) que ha tomado la decisión de dar «por terminado» el tratado de extradición entre los dos países, en medio del rechazo generalizado a la medida tomada por el Gobierno de Xiomara Castro.
Reina explicó en una conferencia de prensa que envió una carta verbal a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en la que informa «oficialmente» al Gobierno de los Estados Unidos sobre el acuerdo de extradición entre ambos países.
Horas después de que la presidenta Castro ordenara a Reina «denunciar» el tratado de extradición, después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara su preocupación por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que había sido sancionado.
El miércoles, Dogu expresó a los periodistas que fue sorprendente y un poco decepcionante encontrarse con oficiales del Gobierno (hondureño) sentados junto a miembros de un cartel basado en Venezuela, en un momento en el que la presidenta Castro está en constante lucha contra los narcotraficantes.
Varios grupos tanto nacionales como internacionales manifestaron su desacuerdo con la decisión de la presidenta Castro, ya que consideran que la medida representa un retroceso en la lucha contra el tráfico de drogas.
«Sacaron las uñas. El gobierno de @XiomaraCastroZ ha decidido mandar al carajo la extradición que solo ha servido para que juzguen a los narcos que aquí gozan de impunidad. Con esta decisión están defendiendo a los narcos», señaló el diputado opositor Jorge Cálix en un mensaje en X.
Cálix, quien es diputado del opositor Partido Liberal, pidió al Gobierno que «no se excuse en la soberanía para proteger sus intereses» y que «si no quieren la extradición es porque ya tienen información que los próximos extraditados están en altos cargos de este gobierno».
El exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez, se preguntó «¿Cuál puede ser una razón objetiva para impedir la extradición de nacionales?».
«Estamos frente a personas que han cometido delitos y que requieren ser juzgadas por jurisdicciones de otros países por sus crímenes. Se alienta el crimen y la impunidad. Gran retroceso para Honduras», subrayó Jíménez en X.
Cúpula empresarial lamenta decisión
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, expresó que el narcotráfico no tiene nada que ver con la ideología y lamentó que la decisión de la presidenta Castro ha debilitado aún más el sistema judicial.
Además, indica que el Gobierno de Honduras podría haber declarado «no grata» a la embajadora de Estados Unidos y solicitar su salida del país, pero parece que lo que se buscaba era justificar el tráfico de drogas.
La Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) indicó en un comunicado que «Honduras no puede permitir que el narcotráfico siga operando impunemente» y recordó que el tratado de extradición ha permitido «revelar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del país».
La presidenta Castro fue instada por la ASJ, el capítulo local de Transparencia Internacional (TI), a «reflexionar y priorizar los intereses del país para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad en el país».
Carlos Giménez, un congresista cubano-estadounidense, cuestionó la decisión de Castro y afirmó que tendrá un impacto negativo en el pueblo hondureño, su comercio y sus relaciones internacionales.
«Bajo el desastroso mandato de @XiomaraCastroZ, Honduras ha tomado el camino de alinearse con las narcodictaduras asesinas del mundo como Venezuela y Cuba. Esta política patética perjudica al pueblo hondureño, su comercio y las relaciones con el mundo libre», señaló Giménez en X.
Según estadísticas oficiales, Honduras ha extraditado a 120 hondureños solicitados en extradición, principalmente por Estados Unidos, en su mayoría por delitos de narcotráfico, entre 2014 y 2024.
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