Países europeos en Honduras condenan crimen de ambientalista

Este lunes (16 de septiembre de 1924), las embajadas de España, la Unión Europea (UE), Francia y Alemania en Honduras expresaron su contundente condena al asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre, y solicitaron a las autoridades que inicien una investigación «exhaustiva» para determinar la verdad del suceso.

Los embajadores emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su condena contundente al homicidio de Juan López, quien se desempeñaba como un comprometido defensor de los medios de comunicación y era el coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Además, expresaron sus «condolencias y solidaridad» a la familia del activista y a toda la comunidad de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.

En el municipio caribeño de Tocoa, donde era concejal de la Municipal por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), López fue asesinado a tiros la noche del sábado.

Los embajadores europeos instaron a las autoridades de Honduras a realizar «inmediatamente una investigación exhaustiva» para llevar ante la justicia a todos los responsables de este «cobarde crimen».  

Amenazas a defensores de derechos humanos

De igual manera, destacaron la importancia de implementar «acciones rápidas, efectivas y excepcionales» para enfrentar las amenazas que afectan a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en el país centroamericano.

Los diplomáticos enfatizaron que el homicidio de López se encuentra en una lista alarmante de asesinatos en Honduras, y señalaron que es necesario luchar contra la impunidad con la máxima rapidez y firmeza.

A pesar de haber recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denunciar campañas de difamación, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y violencia por defender los derechos ambientales en Honduras, López fue asesinado. Sus restos fueron enterrados este lunes.

El defensor del medio ambiente se oponía a la explotación de Guapinol, un proyecto minero en Colón que ha sido cuestionado por su concesión ilegal debido a que afecta el Parque Carlos Escaleras. Según un decreto emitido en 2012, la zona de núcleo del área protegida se ha reducido de 24.223 a 24.006 hectáreas.

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