La Policía Nacional de España ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos en Valencia, cuyas edades oscilan entre los 41 y 74 años, por su presunta participación en una red criminal vinculada a la comercialización de cadáveres. Los arrestados, todos empleados de una misma funeraria, son acusados de falsificar documentación con el objetivo de sustraer cuerpos de hospitales y residencias. Posteriormente, se presume que vendían estos cuerpos a universidades para su uso en estudios anatómicos, obteniendo alrededor de US$ 1,300 por cada cadáver, según confirmación de un portavoz policial a CNN.
La gravedad de este caso se acentúa con otras irregularidades relacionadas con la incineración de los cuerpos que supuestamente habían sido donados a la ciencia. Un ejemplo revelador es que los detenidos habrían facturado a una universidad la suma de US$ 5,450 por realizar once incineraciones de cadáveres, previamente estudiados, sin que estas operaciones se reflejaran en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras de la ciudad, según un comunicado compartido con los medios por parte de la Policía Nacional.
Este escandaloso entramado delictivo pone de manifiesto la vulnerabilidad y explotación de procesos que deberían regirse por la ética y la legalidad. La falsificación de documentos para la obtención ilegítima de cadáveres, así como la facturación irregular por servicios de incineración, plantean serias interrogantes sobre la integridad del sistema funerario y el uso ético de los cuerpos destinados a la investigación científica. El impacto de estas acciones ilícitas no solo afecta la confianza en el sector, sino que también cuestiona la protección y el respeto que se espera para aquellos que donan sus cuerpos con fines educativos y científicos.
Estas cuatro personas desarrollaban su modus operandi centrándose en la búsqueda de fallecidos sin familiares, dando preferencia a aquellos de origen extranjero o que habían experimentado condiciones de vida precarias en su vida. Este enfoque les permitía llevar a cabo irregularidades en caso de que los difuntos hubieran aceptado donar sus cuerpos, ya que aseguraban así la ausencia de cualquier seguimiento por parte de familiares, según informa la Policía.
La investigación sobre estas prácticas comenzó a principios de 2023, cuando agentes de la fuerza de seguridad tuvieron conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital por parte de una funeraria. En este procedimiento, se llevaron a cabo falsificaciones tanto en el libro de registro de la funeraria como en la documentación presentada al Registro Civil.
Luego de su detención, a dos de los empleados de la funeraria se les imputa un delito de estafa, mientras que a los otros dos se les acusa de cometer un delito de falsedad documental. La Policía Nacional ha confirmado a CNN que se ha tomado declaración a cada uno de los implicados, y actualmente se encuentran en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.