Mediante la cuenta de X del Congreso Nacional se ha realizado una convocatoria a los diferentes bancadas políticas que integran los 128 diputados para que se realice a partir de las 2:00 de la tarde del jueves 14 de diciembre una Sesión Extraordinaria para cumplir una agenda Legislativa.
Luego de un paro en las sesiones que tiene su génesis en la elección permanente del Fiscal General y Fiscal General Adjunto que ya lleva varios meses y el desconocimiento de la oposición por la Comisión Permanente instaurada por el titular del Legislativo, Luis Redondo, con miembros en su mayoría de Libertad y Refundación (Libre) se espera retomar a las sesiones.
Agenda y reacciones
Durante esta sesión legislativa se espera cumplir la agenda para aprobar los dictámenes de: amnistías municipales, migratorias vehicular, energética y la elección de Junta Directiva.
En declaraciones para la radio HRN el diputado de Libre, Rafael Sarmientos, espera que la agenda se pueda cumplir y que se lleguen a lograr imponer en el pleno un diálogo para los consensos en temas que son demandados por el pueblo hondureño.
Por su parte, Fátima Mena, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) a la misma casa de radio denuncia que no los han tomado en cuenta para dialogar; sien embargo, adelanta que su bancada asistirá, pero para evitar que sean remplazados por los suplentes y se hagan aprobaciones.
También Mena reitera que su partido no reconoce la Comisión Permanente y lamenta que el poder Legislativo es «instrumentalizado para alcanzar fines ideológicos».
Mientras que Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, en declaraciones ofrecidas al noticiero televisivo de TN5 Matutino, expresó la misma opinión de su colega parlamentaria y dice que no reconocen dicha Comisión.
Se espera que el Partido Nacional, principal fuerza de oposición, llegue con su bancada, pero no votarían al desconocer a la Comisión su bases ordenan cuidar sus curules para que no sean usurpados.
Cabe recordar que la parálisis Legislativa lleva 100 días de inactividad desde el 31 de agosto, cuando no se pudo llegar a un acuerdo para lograr la mayoría calificada de 86 votos para escoger las nuevas autoridades del Ministerio Público y a pesar de ello la Comisión Permanente nombró de manera interina a Johel Zelaya y a Mario Morazán, como fiscal general y adjunto respectivamente.
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