La Suprema Corte de los Estados Unidos suspendió de manera indefinida la controversial medida inmigración en el estado de Texas que le permitía a las autoridades locales arrestar y detener personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país.
La suspensión administrativa permanecerá en vigor mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia del gobierno de Biden y otras partes, que piden a los jueces detener la aplicación de la ley mientras se desarrollan sus impugnaciones. La orden de este lunes no especifica una fecha límite para la suspensión.
La orden provino del juez Samuel Alito, quien supervisa las cuestiones que surgen del tribunal de apelaciones que actualmente considera el caso.
Ley controversial
La controvertida ley, conocida como SB4, fue promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre pasado.
Esto rápidamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración sobre la posibilidad de que las autoridades estatales de Texas, donde los latinos constituyen el 40% de la población, aumenten la discriminación racial, los arrestos y los intentos de deportación.
“Si bien la Corte Suprema detuvo temporalmente la implementación de la SB4, no rescindió la autoridad existente de Texas para realizar arrestos por invasión de propiedad privada y otras violaciones de la ley”, dijo Abbott en un comunicado el lunes.
En este sentido, «Texas seguirá utilizando todos los medios y estrategias para responder a esta crisis fronteriza provocada por Biden».
Esta es la tercera vez que la Corte Suprema anula esta controvertida ley. La primera vez fue el 4 de marzo, cuando Alito anunció una suspensión hasta el 13 de marzo. Luego, el 12 de marzo, la Corte Suprema amplió su receso.
Argumentos
Estas órdenes administrativas dan a la corte más tiempo para revisar la información del caso. No obstante, no indican necesariamente en qué dirección se inclina el tribunal en relación con la solicitud de fondo.
En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia argumentó que la ley alteraría «profundamente» el «status quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años».
“Las personas pueden no estar de acuerdo con la inmigración. Nunca lo han estado. Y Texas puede estar profundamente preocupado por la inmigración reciente”, escribieron en documentos judiciales los abogados de un par de grupos de inmigración y del condado de El Paso. “Pero lo mismo ocurrió en California en la década de 1870, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y Arizona en 2012. Sin embargo, durante 150 años esta corte ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, la entrada y la expulsión», añadieron.
La Corte Suprema fue informada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y otros funcionarios que «la Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad».
El caso en cuestión es una ilustración más reciente de cómo el Gobierno de Biden ha recurrido a la Corte Suprema en su actual conflicto sobre inmigración con Texas.
A principios de este año, el alto tribunal anuló una orden de un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas instalaron a lo largo de una parte de la frontera entre Estados Unidos y México.
El próximo mes tendrá argumentos orales en el Quinto Circuito.