Aunque el juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción emitió un auto de formal procesamiento con medidas cautelares a los exdiputados nacionalistas Sara Medina (2006-2024) y Carlos Guevara (2010-2014), por lo que ambos imputados podrán defenderse en libertad.
Los señalados junto a otros exparlamentarios enfrentan el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en relación con el manejo de 42.5 millones de lempiras a través del Fondo Departamental.
Cabe recordar que por este presunto acto de corrupción hay varios implicados, entre los que se mencionan exdiputados y particulares. El abogado José Rogelio Sánchez García, de 66 años, quien actualmente ocupa el cargo de secretario general en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) también fue detenido junto a los excongresistas el pasado 13 de diciembre y gradaba prisión con Guevara en la Penitenciaría Nacional; mientras que Medina, fue remitida al la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Requerimientos
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal con orden de captura que involucra a cinco exdiputados del Partido Nacional, incluyendo a los ahora procesados; sien embrago se encuentran prófugos: Fredy Espinoza Mondragón (2010-2014), Miguel Ángel Gámez (2006-2014) y Gladys Bernarda Casco Cruz (2006-2014). Además del ciudadano Geovanny Castellanos Deras.
Te puede interesar: MP presenta requerimiento fiscal contra cinco exdiputados y dos particulares por millonario fraude en el Congreso Nacional
Según la acusación del Ministerio Público los exparlamentarios de haber sustraído 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional mediante de la ONG Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Presuntamente los imputados solicitaban estos recursos con el Fondo Departamental, un programa de ayuda social que fue derogado por el Legislativo en agosto del presente año para así destinarlo a la citada ONG, pero los recursos terminaban de manera injustificada en cuentas bancarias personales de los ahora imputados.