Durante horas, magistrados y funcionarios no han podido salir del Palacio de Justicia de Colombia, que fue sitiado por un grupo de manifestantes trayendo a la memoria del país del Holocausto tras la toma del M-19 en 1985.
Las marchas que han sido convocadas por el presidente colombiano Gustavo Petro y apoyadas por el Gobierno han fracasado. Primero, por contar con poca asistencia, y segundo, han terminado en un secuestro colectivo del Palacio de Justicia, ubicado en la ciudad capital de Bogotá.
Al medio día, tan pronto se conoció que en las votaciones de la Corte no hubo humo blanco porque a ninguna de las candidatas le alcanzaron los votos para ser elegida fiscal general, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del edificio que concentra y representa poder judicial de Colombia. La turba pretendía arrinconar y obligar a la Corte a elegir fiscal a las malas.
Sitiado
Los manifestantes se han sitiado mediante el bloqueo estratégico de los estacionamientos ubicados sobre la carrera octava y la calle 12.
La grave situación obligó a que los pocos policías que estaban en el Palacio de Justicia instalarán una cerca para rodear toda la edificación para evitar un ingreso por la fuerza por parte de algunos manifestantes que portaban banderas del M-19 y del Partido Comunista.
Uno de los momentos más críticos en la jornada de protestas fue cuando una veintena de personas intentó ingresar por la fuerza a los estacionamientos ubicados sobre la carrera 8, mediante la intimidación verbal y el ataque físico a mujeres policías que custodiaban el local y la integridad de los que estaban en el interior del inmueble.
Críticas
Por esta grave situación, desde muchos sectores políticos y judiciales no dudaron en calificar el asedio de los manifestantes como un secuestro.
La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, manifestó la gran preocupación que la invadía por lo ocurrido y le ordenó al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, que tomara medidas urgentes y necesarias para proteger la vida e integridad de los magistrados, trabajadores y empleados de la Rama Judicial, así como de los periodistas que estaban encerrados.
Incluso, se pudo constatar, una funcionaria de la Procuraduría que estaba en el Palacio de Justicia fue agredida por los protestantes cuando intentó salir del edificio.
Por su parte, Jaime Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró en diálogo con el medio colombiano ‘Semana’, que la situación vivida en inmediaciones del Palacio de Justicia fue de extrema gravedad.
“No se puede presionar de esta manera a la Corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un precedente nunca antes visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mandó al pueblo presionar. Eso sí es antidemocracia”, agregó el exmagistrado quien sea dicho de paso, lideró las Salas en las que se eligió, en el año 2009, a Viviane Morales como fiscal general en medio de fuertes debates.
Para Pacuar, lo evidenciado lo calificó como un «golpe a la justicia» que se alejó totalmente a los principios de la protesta. «Es un acto vandálico contra la libertad de los magistrados. Estamos ante un secuestro colectivo».
El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó por medio de su cuenta en X, antes Twitter, que pese a las diferencias que sostuvo con los magistrados de las altas cortes durante su período, no se pueden promover acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los togados.
“No se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro”, publicó el exmandatario frente a la grave situación.
Desde diversos sectores de la política colombiana no han dudado en comparar las amedrantaciones y amenazas con los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, dejando a su paso el asesinato de una veintena de magistrados -entre ellos el presidente del alto tribunal Alfonso Reyes Ecahandía – y una decena de desaparecidos.
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