El presidente Joe Biden está elaborando una orden ejecutiva que busca restringir las solicitudes de asilo y autorizar el cierre de la frontera con México una vez que se supere un determinado número de cruces ilegales. Este anuncio será realizado el martes por el propio presidente, quien estará acompañado por alcaldes de ciudades fronterizas que han experimentado un impacto significativo debido al aumento de los flujos migratorios durante la Administración demócrata.
Esta medida ha estado en preparación desde abril por parte del Ejecutivo y llega en un momento crucial: en medio de la campaña electoral hacia los comicios de noviembre. La gestión de la frontera se ha convertido en uno de los temas más preocupantes para el electorado, por lo que este anuncio adquiere especial relevancia en ese contexto.
La orden permitirá a los agentes de inmigración deportar rápidamente a quienes ingresen al país de forma irregular. Aún no se conoce qué techo pondrá el Gobierno para decretar el cierre de la frontera. Fuentes de la Administración aseguran que la cifra máxima de inmigrantes irregulares será de 2.500 diarios a lo largo de una semana. Una vez que se alcance esta cuota, los agentes migratorios comenzarán a retornar rápidamente a los recién llegados a territorio mexicano, como ocurría cuando estaba vigente el polémico Título 42, durante la pandemia.
Para esto, Biden hará uso de la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una draconiana política migratoria y evitar entradas a Estados Unidos. El expresidente republicano invocó este texto para llevar a cabo su polémico veto de musulmanes de seis países en 2017. De momento, parece que la orden ejecutiva protege a los menores no acompañados, quienes estarían exentos de la nueva norma.
La orden ejecutiva también endurece el otorgamiento del asilo, una de las protecciones que sirven como pilar de derechos en Estados Unidos. El Gobierno procesa actualmente unas 1.450 solicitudes diarias en los puertos de entrada. Las autoridades migratorias luchan desde hace meses para que estos procesos se inicien en una aplicación móvil y desde el país de origen de quienes desean obtener este derecho.
El Departamento de Seguridad Interior, de quien depende la Patrulla Fronteriza, busca que los agentes que realizan las primeras entrevistas para otorgar el asilo tengan una mayor libertad para rechazar pronto a quien no califiquen. Se calcula que hay unos dos millones de peticiones de asilo a la espera de una decisión de los jueces especializados en migración. La gran mayoría de personas aguardan la resolución de sus casos en territorio estadounidense y llevando una vida normal.
La orden ejecutiva también endurece el otorgamiento del asilo, una de las protecciones que sirven como pilar de derechos en Estados Unidos. El Gobierno procesa actualmente unas 1.450 solicitudes diarias en los puertos de entrada. Las autoridades migratorias luchan desde hace meses para que estos procesos se inicien en una aplicación móvil y desde el país de origen de quienes desean obtener este derecho.
El Departamento de Seguridad Interior, de quien depende la Patrulla Fronteriza, busca que los agentes que realizan las primeras entrevistas para otorgar el asilo tengan una mayor libertad para rechazar pronto a quien no califiquen. Se calcula que hay unos dos millones de peticiones de asilo a la espera de una decisión de los jueces especializados en migración. La gran mayoría de personas aguardan la resolución de sus casos en territorio estadounidense y llevando una vida normal.
La orden ejecutiva será un arma que Biden pueda vender al electorado durante el debate con Trump, programado para el 27 de junio. El republicano, en cambio, tiene entre sus promesas de campaña cerrar la frontera con México en el primer día de su vuelta a la Casa Blanca. Además, ha utilizado su retórica xenófoba y antiinmigrante durante toda la campaña electoral.
El Ejecutivo demócrata ha insistido en que el control migratorio tendría que ser tarea del Poder Legislativo. Solo la acción del Congreso podría asegurar una zona que es prioridad para ambos partidos de cara a los comicios de otoño. Un grupo bipartidista de senadores negociaron durante semanas una ambiciosa norma que contaba con el visto bueno de la Casa Blanca.
Esta, sin embargo, fue desechada por los republicanos, quienes no quisieron dar un triunfo a Biden en uno de los flancos más importantes camino a las urnas. Una segunda votación de esta ley fracasó el pasado 23 de mayo, cuando el Senado volvió a negarla. En esta ocasión, varios demócratas la rechazaron criticando que el Gobierno estaba siguiendo pasos antes marcados por el trumpismo.