La Policía española ha desmantelado una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres de origen latinoamericano en España, con un alto número de víctimas afectadas.
La operación resultó en la detención de veinticinco personas. Durante la investigación, que duró varios meses, se estima que más de 500 mujeres, en su mayoría colombianas, fueron explotadas en la ciudad de Málaga, al sur de España, según informó la Policía.
Las condiciones laborales impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres. Se les obligaba a trabajar las 24 horas del día, siete días a la semana, incluso durante la menstruación.
No tenían la libertad de elegir o rechazar clientes o servicios, y se les exigía trabajar sin usar preservativo, lo que resultó en que varias contrajeran enfermedades de transmisión sexual.
Además, para ejercer un mayor control sobre las mujeres, estas eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos, y solo se les permitía salir durante dos horas al día con autorización previa de las encargadas.
Como resultado de la operación, once víctimas fueron liberadas y ocho de las veinticinco personas detenidas ya se encuentran en prisión. Los agentes cerraron los cuatro pisos utilizados como prostíbulos por la red y realizaron registros domiciliarios en los que se incautaron 145.338 euros en efectivo y 1,2 kilos de cocaína.
La investigación se inició a raíz de tres denuncias presentadas a la policía española sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.
Falsas promesas
El entramado estaba bien organizado y tenía numerosos miembros, atrayendo a una parte significativa de las víctimas en sus países de origen, principalmente en Colombia.
Las mujeres, que se encontraban en una situación económica precaria, eran engañadas para viajar a España bajo falsas ofertas de trabajo en un centro estético propiedad de la organización en este país. Una vez en esa nación europea, se les informaba de la deuda contraída con los explotadores por los gastos del viaje, y se les obligaba a saldarla ejerciendo la prostitución, aumentando la deuda con sanciones y multas injustificadas.
Se estima que el entramado obtenía un beneficio anual que superaba el millón y medio de euros, y también distribuía drogas en los pisos que controlaba, obligando a las mujeres a consumirlas y promoviendo su uso entre los clientes para prolongar los servicios y generar más beneficios, lo que a veces resultaba en lesiones para las víctimas.
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