“No se ajustó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, ha subrayado el Centro Carter en un comunicado que detalla las numerosas infracciones y deficiencias detectadas durante las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.
El Centro Carter señaló que no pudo verificar o confirmar la veracidad de los resultados que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció.
Según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una «grave violación de los principios electorales». El proceso se desarrolló en un «ambiente de libertades restringidas» afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades del CNE mostraron una «parcialidad a favor del oficialismo» y en detrimento de las candidaturas opositoras.
El Centro Carter señaló problemas en la actualización del registro de electores, como plazos cortos y poca información pública, y barreras legales excesivas e incluso arbitrarias para los ciudadanos en el exterior que buscaban inscribirse en el padrón electoral.
Campaña electoral desequilibrada
El desequilibrio a favor del gobierno fue notable en la campaña electoral. Una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor se produjo debido a que la candidatura oficialista contaba con recursos «muy amplios». El uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña son ejemplos de abuso de recursos públicos. Además, la candidatura gubernamental prevaleció en los medios de comunicación, tanto en la cobertura noticiosa como en la publicidad.
Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. El Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron restricciones en el acceso a recintos para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades.
El comunicado señala que el registro de partidos y candidatos no cumplió con los estándares internacionales. En los últimos años, partidos de oposición han sufrido «intervenciones judiciales» que afectaron a sus líderes, beneficiando a personas afines al gobierno e influyendo en la conformación de sus candidaturas. La inscripción de las principales fuerzas de oposición estuvo sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, quienes «adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos».
Ciudadanía tuvo compromiso cívico
A pesar de las dificultades, los venezolanos demostraron su compromiso con el proceso electoral democrático. Los observadores del Centro Carter, presentes en algunos recintos, constataron el «compromiso cívico» de los votantes, pero lamentaron la falta de transparencia del CNE en la difusión de los resultados, lo que decepcionó a quienes esperaban una elección justa.
En cuanto a la misión técnica de observación electoral del Centro Carter en Venezuela, se informa que el CNE la invitó y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera realizar su observación sin restricciones. Desde el 29 de junio, el Centro Carter envió 17 expertos y observadores con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Entre los participantes de esta misión se encontraban diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos y candidatos.
Habiendo observado 124 elecciones en 43 países, el Centro Carter se compromete con la observación electoral imparcial e independiente. Un informe final detallará cada uno de los resultados que se encontraron en el comunicado.
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