El Ministerio del Interior de España está preparando una nueva oferta para trasladar a los extranjeros que han sido expulsados a sus países de origen. El presupuesto establece un gasto de 16,3 millones de euros. El contrato actualmente en vigor, que vence este verano, fue adjudicado en enero de 2023 por 9,9 millones de euros.
Lo anterior, ocurre después que a inicio de la semana en el Consejo de Ministros la tramitación de un nuevo contrato para deportar a extranjeros en avión. Bajo el eufemismo de “servicios de transporte aéreo de personas en vuelos no comerciales”.
En realidad, se contratarán varios tipos de vuelos. Primero, se trata de trasladar a «aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento, o que deben ser trasladados a otros centros de internamiento» dentro del país. Los migrantes en situación irregular que han llegado en patera a Canarias y que han sido seleccionados por el Interior para ser trasladados a la península, se ven obligados a hacerlo.
En segundo lugar, se requieren vuelos para transportar a «ciudadanos extranjeros que están bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que están bajo una orden de expulsión forzosa del territorio nacional, que deben ser trasladados a sus países de origen».
Es importante recordar que la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, que trata sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, permite la deportación de aquellos «extranjeros que cometan infracciones muy graves o condenados por conductas dolosas, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y en virtud de resolución motivada». Los funcionarios policiales siempre acompañan a los extranjeros en estos vuelos, sin importar la situación. Los agentes deben llevar armas y recibir dietas especiales si viajan fuera de España.
Confiabilidad
Interior, alegando razones de seguridad, no suele dar información de estos vuelos. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el ministerio obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluido siempre como requisito en todos los contratos. No habrá excepciones en la nueva licitación, que recogerá una cláusula específica que obligará a las compañías a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad” en lo relativo a “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.
Según datos de la agencia EFE, hasta junio de 2023 se habían producido 1.942 deportaciones y devoluciones. En 2022 eran 3.642 personas y en 2021, 3.594 personas.
Las cifras de los últimos tres años son muy diferentes de las cifras anteriores a la pandemia. En 2019, 11.153 personas fueron deportadas o devueltas, frente a 11.384 en 2018.
Esto refleja una disminución en el ritmo de repatriación después de que se cancelaran vuelos en 2020 debido al coronavirus. Esto sigue siendo significativamente menor que el valor del año pasado.
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