El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este martes (19.03.2024) a favor del Estado de Texas, aprobando la entrada en vigor de una ley contra la migración que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, y que había sido bloqueada previamente.
Un dividido tribunal tomó la decisión de desbloquear la aplicación de la legislación mientras se dirime la batalla legal emprendida por la administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso. La decisión generó el desacuerdo de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
La ley, considerada una de las medidas antiinmigración más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el ingreso o intento de ingreso al estado desde una nación extranjera de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también autoriza a la Justicia estatal a ordenar la expulsión de personas sin necesidad de un proceso legal. Además, otorga a los oficiales de policía la autoridad para arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, teniendo la facultad discrecional de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
La decisión del Tribunal Supremo fue descrita como «decepcionante» por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal la bloqueó. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó el caso al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, lo que llevó a los demandantes a recurrir al Supremo para evitar que la ley entrara en vigencia, solicitando una moción de emergencia que finalmente fue negada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de hoy como «decepcionante» y añadió en un comunicado que la normativa «amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso», por lo que seguirán luchando para derogarla.
Las encuestas de opinión reflejan una profunda preocupación de los votantes por la situación a lo largo de la frontera. Según las encuestas de Reuters/Ipsos, el nivel de aprobación pública de Biden era del 37% a finales de febrero pasado.
