Un shock en el sistema judicial de Honduras y en la clase política del país ha surgido con la captura del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien se sospecha de haber extorsionado a un imputado.
Al ser mencionada como la presunta alta funcionaria, cuyo consorte recibió una coima millonaria por vender indulgencias a un acusado de corrupción, la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Raquel Obando, se vio obligada a salir ante la prensa.
Este lunes, la presidenta del poder Judicial ofreció una conferencia de prensa para rechazar la vinculación en el caso de la presunta extorsión del juez Marco Antonio Vallecillo. Reconoció que este escándalo es un golpe significativo al sistema judicial y aseguró que no abandonará su cargo.
Enfatizó: “Esto es un fuerte golpe que hemos recibido como jueces supremos del Poder Judicial, sin duda algo que no esperábamos”.
Según Ráquel Obando, el caso del juez Vallecillo solo muestra que la Supervisión de Tribunales está llevando a cabo la tarea que se le ha encomendado. «Cada servidor judicial, cada juez juramentado conoce y sabe los valores de ética, probidad, profesionalismo, celeridad y otros que un juez debe tener para poder tomar sus decisiones: Entenderán que son muchos los funcionarios y que uno no puede estar detrás de cada uno. Créanme que somos los más afectados, porque nunca hemos dado ninguna orden fuera del ámbito legal; todo lo contrario, si de repente hemos iniciado algún proceso es para que aceleren y no duerman los expedientes”, describió.
«Destapar la olla»
El pasado sábado, Vallecillo afirmó en un mensaje de audio de WhatsApp que iba a “destapar la olla” de corrupción y podredumbre en el Poder Judicial, incluso salpicando al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, durante su arresto.
“Yo declararé todo, voy a enmierdar a muchas personas”, advirtió.
“Me están acusando de extorsión, cuando el testigo protegido lo sentó con el fiscal general y ahora me están implicando a mí”, expresó.
Supuestamente, Vallecillo arrastró a un familiar de Rebeca Ráquel cuando fue arrestado el pasado sábado en una gasolinera de la salida al sur.
Ante los graves señalamientos del detenido, el escandalo llegó hasta Presidencial, donde la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X escribió: «El pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras. En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra la verdad y que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional».
Vallecillo se retracta
No obstante, se retractó ayer durante una audiencia de declaración anticipada de la supuesta víctima en el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
“Desmiento categóricamente que no sabía que había dinero en ese lugar, y mucho menos que fuera para el esposo de la presidenta (Rebeca Ráquel Obando)», declaró el juez Vallecillo.
Los hechos
El testigo protegido consultó a su abogado Reinaldo Leiva Suazo sobre un posible requerimiento fiscal en su contra por parte de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco).
Leiva Suazo se comunicó con Nelson Omar Sierra para investigar el asunto con el juez Marco Vallecillo. Leiva y Sierra informaron al testigo que el fiscal general le ofrecía convertirse en testigo protegido, de lo contrario se presentaría un requerimiento fiscal en su contra.
Posteriormente, los acusados le indicaron que no había otra alternativa y lo citaron en un bufete, donde le ofrecieron 1.5 millones de lempiras por adelantado y 1.5 millones por el documento de exclusión del caso Cisco, a cambio de declarar sobre otros casos de desvío de fondos públicos.
«Ante la manifestación de que revisaría la propuesta, le informaron que tenía una cita con la abogada María Tejada en el Ministerio Público el 5 de agosto a las 7:00 a.m. para hacer una supuesta declaración sobre la información que el testigo protegido poseía respecto a otros casos en los que se desviaron fondos del Estado a través de ONG y Ebal Díaz», sostiene el requerimiento fiscal.
El 16 de agosto, los tres imputados se comunicaron con el testigo protegido para hacerle creer que el plan estaba casi concretado y que debía reunirse con el fiscal general acompañado por uno de los imputados.
Posteriormente, los profesionales del derecho, ahora detenidos, se encontraron con el testigo en un restaurante, donde este les preguntó por la ausencia del juez Vallecillo, ya que se suponía que la entrega del dinero sería directamente a él.
Acordaron posponer la entrega para el sábado y que el testigo debía estar atento a la hora indicada por el juez para recibir los tres millones de lempiras, los cuales se distribuirían entre el fiscal general, la abogada y el juez Vallecillo.
El sábado 17 de agosto, los imputados continuaron con el plan de recibir el dinero que exigían «en concepto de extorsión con la finalidad de lucrarse». Nelson Omar Sierra se comunicó con el testigo, informándole que el abogado Vallecillo había aceptado que la reunión se llevara a cabo en una estación de gasolina en la colonia Loarque, en la ciudad capital de Tegucigalpa, al mediodía.
El testigo llegó a la gasolinera a las 12:16 p.m. donde ya estaba estacionada una camioneta Prado color dorado, en la que se encontraba el imputado Nelson Sierra quien se subió inmediatamente a una camioneta Lexus color champán para esperar la llegada de Vallecillo. Minutos después, llegó una camioneta Prado color blanca de la cual se bajó Vallecillo y se dirigió hacia la camioneta Lexus.
El juez Vallecillo, de acuerdo al requerimiento fiscal, le quitó al testigo sus dos teléfonos y los guardó en su camioneta blanca. Luego, permaneció 30 minutos dentro del vehículo con el testigo y el dinero que iba a recibir, y le dijo que hizo esa gestión para que no tuviera problemas y que el Ministerio Público cerrara el caso a su favor.
Minutos después, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) interceptaron los vehículos y detuvieron a Nelson Sierra y Marco Vallecillo, quien se encontraba en la camioneta Lexus junto al testigo protegido.
Los sospechosos fueron llevados a las oficinas de la ATIC, donde la Fiscalía Especial preparó el requerimiento fiscal. La acusación fue presentada ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que hasta ese momento era coordinado por el juez Marco Vallecillo.
La Fiscalía ha imputado al juez Marco Vallecillo, a Nelson Sierra y a Reinaldo Leiva por el delito de extorsión. El artículo 373 del Código Penal establece las penas de prisión para este delito.
“Quien, mediante violencia o intimidación y con ánimo de lucro, obligue o intente obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1,000 días, sin perjuicio de las sanciones adicionales por actos de violencia física o intimidación”, señala el apartado legal.
La norma prevé agravantes específicas que implican un aumento de las penas cuando el culpable es un funcionario o empleado público que actúa abusando de sus funciones. En este caso, además de las penas correspondientes, se impondrá una inhabilitación especial para el ejercicio de cargos u oficios públicos, con una duración de 15 a 20 años.
El juez Vallecillo compareció en una audiencia de declaración de imputado el domingo. Aunque solicitó que su declaración fuera pública, el juez asignado al caso se lo impidió. Se le dictó la medida de detención judicial, que cumple en el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La defensa legal de Vallecillo solicitó que fuera cambiado a un recinto más seguro.
Pruebas fiscales y de defensa
El juez ha programado la audiencia inicial para el 23 de agosto. Los fiscales cuentan con al menos ocho pruebas documentales que implican a Vallecillo y sus coacusados en el delito de extorsión. Los agentes han solicitado al juez que reciba la declaración de la víctima (el testigo protegido) bajo las formalidades de prueba anticipada, la cual será pronunciada el lunes.
Entre las pruebas documentales se incluyen un informe de investigación de la ATIC, los padrones fotográficos, la declaración administrativa del testigo protegido, un acta de seriado de dinero, un acta de inspección del dinero, dos actas de diligencias de investigación fechadas el 5 de agosto, las actas de registro personal y las actas de decomiso.
Por su parte, los abogados de Marco Vallecillo afirman tener pruebas que demuestran su inocencia de los cargos que se le imputan.
Vallecillo afirmó que el dinero no le pertenecía a él, sino al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial. Solicitó que la audiencia inicial sea pública para declarar detalles del destino del dinero y es probable que se presenten pruebas documentales y mensajes de texto intercambiados por Vallecillo con otros personajes.
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