La decisión de expulsar al alcalde de Texiguat, Erick Mejía, y a la diputada Kritza Pérez del Partido Liberal ha desencadenado una intensa confrontación entre los excandidatos presidenciales de dicha institución, Luis Zelaya y Yani Rosenthal.
Zelaya respaldó la medida disciplinaria, subrayando la importancia de mantener la coherencia partidaria, mientras que Rosenthal lanzó acusaciones sobre presuntos desfalcos durante la administración de Zelaya.
La polémica sigue intensificándose, poniendo de manifiesto las tensiones internas dentro del partido.
Este martes, la Comisión de Ética del Partido Liberal anunció la expulsión de la institución del alcalde de Texiguat, Erick Mejía, y la diputada Kritza Pérez, debido al incumplimiento de las determinaciones establecidas por el Consejo Central Ejecutivo (CCEPL).
«Se trata del alcalde Erick Mejía y la diputada Kritza Pérez», confirmó Yani Rosenthal, presidente del CCEPL. Añadió que «si desean apelar, lo harán ante el CCEPL; yo no puedo manifestarme para evitar posibles recusaciones».
La Comisión Disciplinaria convocó en al alcalde de Texiguat, quien no se presentó a la audiencia, y a los cinco diputados liberales acusados de incumplir la línea partidaria al formar parte de la junta directiva del Congreso Nacional.
Los cinco diputados que participaron en la comparecencia de ayer son: Kritza Pérez, Gloria Bonilla, Ernesto Lezama, Samuel García y José Rosario Tejeda.
Tras la conclusión de las audiencias que comenzaron a las 10:00 de la mañana, el comité disciplinario únicamente abordó la cuestión de la expulsión de Mejía y Pérez.
«De manera formal, nadie me ha comunicado esto; sin embargo, no me sorprendería esta decisión de una institución que ha estado equivocada desde 2009», afirmó el alcalde de Texiguat.
Prosiguió: «En mi opinión, deberían someter también al tribunal a aquellos miembros del CCEPL que respaldan al BOC, o a los magistrados liberales que respaldaron la reelección».
Mejía no descartó la posibilidad de recurrir más adelante a instancias de Derechos Humanos, ya que considera que tener opiniones divergentes no debería ser motivo justificante para su expulsión.