Xiomara Castro, presidenta de Honduras, anunció el miércoles la declaración del estado de emergencia ambiental para los bosques hondureños, con el objetivo de proteger las áreas protegidas y las zonas que generan agua.
Además, informó sobre una inversión de 242,9 millones de dólares para la protección de la selva, la cual se llevará a cabo entre 2024 y 2026.
«La tala masiva y la ganadería ilegal, impulsada por el hambre, la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino, el crimen organizado quien cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas, está arrasando con los bosques y desestabilizando la región», subrayó Castro.
La presidenta, quien preside el CNSD, señaló que estos factores están amenazando la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, que es vital para la supervivencia humana, especialmente para las comunidades locales e indígenas. Además, destacó el daño causado por la contaminación ambiental y el cambio climático a nivel global.
Durante una reunión en el departamento de Gracias a Dios, ubicado al este del país y fronterizo con Nicaragua, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD) declaró el estado de emergencia.
El CNSD solicitó al Ministerio Público investigar las operaciones de asociaciones y organizaciones con actividades comerciales y criminales, ya que gran parte de la agricultura migratoria, la ganadería extensiva y el cultivo de drogas se origina en el lavado de activos y el crimen organizado. Estas actividades representan una amenaza y causan daño a los bosques tropicales de Honduras.
De acuerdo con la resolución aprobada por el CNSD y leída por el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, se ordenó la neutralización y establecimiento de control en las carreteras utilizadas para cometer «delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado», los cuales han causado la destrucción de bosques, la cultura de los pueblos originarios y áreas protegidas.
Medina agregó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó a las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) decomisar y destruir inmediatamente la maquinaria que «depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas».
Según la resolución, el Gobierno de Honduras revocará legalmente las autorizaciones otorgadas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales y ordenará el «desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización» en la zona central de las áreas protegidas.
Además, solicitó al Ministerio Público investigar los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad dentro del patrimonio público nacional, forestal inalienable, especialmente los que se han despojado a las comunidades y pueblos originarios.
En el marco de la estrategia «Cero deforestación», el CNSD ordenó a las Fuerzas Armadas aumentar hasta 8.000 soldados en los batallones de protección ambiental.
Los delitos ambientales serán capturados y juzgados por tres jueces de la Corte Suprema de Justicia y tres fiscales del Ministerio Público.
El ministro de Recursos Naturales indicó que a la estrategia ‘Cero deforestación’ se le asignará este año un presupuesto de 1.000 millones de lempiras (40,5 millones de dólares), 2.000 millones de lempiras (80,9 millones de dólares) en 2025 y 3.000 millones (121,5 millones de dólares) en 2026.
El CNSD también pidió al Parlamento hondureño reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos ambientales y estableció una Comisión para la Cero Deforestación.
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