El jueves, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, recordó a la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, la existencia de un tratado de extradición por asesinato entre ambos países, vigente desde 1909.
Este recordatorio por parte de Reina se produjo después de que Dogu expresara el miércoles su escepticismo sobre la posibilidad de extraditar a Honduras al ciudadano estadounidense Gilbert Santiago Reyes, principal sospechoso del reciente asesinato de tres mujeres en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño. Dogu argumentó que no existía un tratado de extradición por asesinato.
En respuesta, Reina señaló en sus redes sociales: “Si las investigaciones criminales de las autoridades judiciales implican a un presunto culpable de nacionalidad estadounidense y determinan la posible solicitud de extradición a EE. UU., es importante destacar que el Artículo 2 del tratado firmado en 1909 establece expresamente el asesinato como uno de los delitos cubiertos por dicho instrumento”.
Además, destacó que «por lo tanto, de ser solicitado por las autoridades competentes, esperamos el fiel cumplimiento del mismo, tal como Honduras ha venido aplicándolo, con las extradiciones solicitadas conforme a derecho por EE. UU., de hondureños involucrados en hechos criminales».
Según lo manifestado por Dogu, Estados Unidos y Honduras tienen únicamente un tratado de extradición en relación con delitos de narcotráfico y lavado de activos.
En virtud de dicho tratado, entre 2014 y 2023, Honduras ha entregado a EE. UU. a al menos 40 ciudadanos hondureños acusados de narcotráfico, posesión de armas y lavado de activos, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández y al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla.
El miércoles, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, mencionó que después de las investigaciones sobre el asesinato de las tres mujeres hondureñas, en el que el principal sospechoso es Gilbert Santiago Reyes, se considerará la posibilidad de solicitar a Estados Unidos su extradición.
El canciller Reina compartió en sus redes sociales un extracto del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos (TD243), suscrito el 15 de enero de 1909, aprobado el 6 de abril de ese mismo año y publicado en el diario oficial La Gaceta, edición 4.035 del 13 de septiembre de 1909.
«En su artículo II se establecen 21 delitos por los cuales se puede conceder la extradición de nacionales de ambos Estados, entre los cuales se incluyen: el asesinato, abarcando delitos designados como parricidio, asesinato voluntario, envenenamiento e infanticidio, así como tentativa de cualquiera de estos; violación, aborto, comercio carnal con menores de doce años; bigamia, entre otros», añade el mensaje compartido por Reina.
Las tres mujeres asesinadas en Roatán, cuyos funerales tuvieron lugar este jueves tras ser halladas con un disparo en la cabeza, fueron identificadas como Dione Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Desaparecieron después de salir el domingo desde la comunidad de Punta Gorda junto a Gilbert Santiago Reyes, quien viajó a su país, aparentemente a California, el lunes, según informó la Policía Nacional el miércoles. Reyes había mantenido una relación sentimental con Dione Solórzano, con quien tuvo un hijo, y se rumorea que tiene antecedentes violentos en el país centroamericano.
El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) registró en 2023 alrededor de 400 mujeres asesinadas, crímenes que en su mayoría están impunes, mientras que en lo que va de 2024 ya suman doce, con una asesinada con varios disparos en la noche de este jueves en un bulevar de Tegucigalpa. EFE