Según un estudio del «Estado de País» sobre cambio climático realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Honduras ha registrado un total de 2,514 incendios forestales en lo que va del año 2024. Esta situación es especialmente preocupante dado que el año anterior, 2023, fue catalogado como el más letal del siglo XXI en cuanto a incendios forestales.
La investigación detalla que durante el año 2023, Honduras sufrió un total de 3,060 incendios forestales, los cuales devastaron un área equivalente a 223,501 hectáreas, lo que representa aproximadamente 858 campos de fútbol consumidos cada día.
A medida que avanza el año 2024, la situación parece empeorar, con los 2,514 incendios ya registrados, lo que supone el 82 % de los ocurridos en todo el año anterior. Estos incendios no solo provocan la destrucción de valiosos recursos naturales, sino que también contribuyen al aumento de las temperaturas y afectan la salud de los hondureños.
El estudio realizado por ASJ también resalta la alarmante impunidad en los delitos ambientales en Honduras, alcanzando un preocupante 97 %. A pesar de que la mano criminal ha sido identificada como la principal causa de los incendios, representando el 77 % en 2023, la falta de acciones judiciales efectivas ha obstaculizado significativamente los esfuerzos para combatir esta crisis. Se destaca que el presupuesto asignado a la Fiscalía Especial de Medioambiente apenas representa el 0.6 % del presupuesto ejecutado por el Ministerio Público de 2019 a 2023.
Además de la actividad criminal, otras actividades humanas como la ganadería extensiva, la infraestructura y la agricultura también representan una amenaza significativa para los bosques hondureños. En conjunto, estas actividades son responsables del 95 % de la pérdida de la cobertura forestal en el país.
Ante esta situación crítica, es evidente la necesidad de acciones urgentes y coordinadas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto para abordar y mitigar la grave crisis de incendios forestales que afecta a Honduras.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reconoce los esfuerzos del gobierno hondureño en materia ambiental; no obstante, subraya que estos esfuerzos resultan insuficientes para mitigar los impactos adversos del cambio climático y cumplir con el compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) de reforestar 1.3 millones de hectáreas para el año 2030, una meta aún distante.
Entre 2022 y 2024, se han ejecutado más de L 1,648.7 millones en reforestación y conservación del bosque, una cifra superior a la asignada para la compra de medicamentos anualmente. La mayoría de estos fondos se han destinado al programa Padre Andrés Tamayo, que ha logrado restaurar 25,053.24 hectáreas.
Aunque la cobertura forestal de Honduras se sitúa en un 56 %, con una disminución del 5 % en la última década, las pérdidas netas continúan siendo preocupantes, ya que el país pierde más hectáreas de bosque de las que gana cada año.
Particularmente alarmante es la pérdida de hectáreas de bosque en Gracias a Dios, donde se ubica La Mosquitia, el bosque más grande de Honduras (17.1 %) y uno de los cinco más grandes de Mesoamérica, que además alberga la mayor reserva de agua dulce del país.
En las últimas dos décadas, La Mosquitia ha visto desaparecer casi el 25 % de sus ecosistemas debido a diversos factores, como la pérdida de gobernanza forestal, la ganadería y agricultura extensiva, el acaparamiento ilegal de tierras, la sobreexplotación del bosque, el crimen organizado y el narcotráfico, así como los efectos adversos del cambio climático.
Por tanto, ASJ recomienda a las autoridades la creación e implementación de una estrategia integral para detener la deforestación, con un enfoque especial en Gracias a Dios, además de acompañar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
En cuanto a los incendios forestales, se insta a pasar de la reacción a la prevención, así como a perseguir los delitos ambientales mediante el fortalecimiento de la Fiscalía Especial del Medioambiente y la Procuraduría General de la República, y garantizando la protección de ambientalistas y defensores de la tierra.