El viernes 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tomará una decisión por la solicitud de Sudáfrica, en el seno de las Naciones Unidas, para tomar medidas cautelares por la avanzada militar de Israel en la Franja de Gaza.
El país africano acusa al Estado israelí de estar violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contra la población gazatí. El fallo podría incluir la orden de detener las hostilidades.
La resolución constituirá la fase inicial del litigio presentado por Sudáfrica. Israel niega las acusaciones y pidió al tribunal descartar el caso.
La Haya
Naledi Pandor, ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, viajará a La Haya, oeste de los Países Bajos, para representar a su país, según informes de su cartera de trabajo. Aun así, Israel se ha mostrado reacios a colaborar con esta instancia internacional.
Pero, al ser firmante de la Convención para la Prevención de Genocidio, está obligado a hacer frente al caso y desplegó un equipo legal de alto nivel a principios de este mes.
Para los analistas, esto demuestra la preocupación de Israel de que mediante una orden judicial puede detener su ofensiva en la Franja de Gaza, lo que equivaldría un duro golpe a nivel diplomático. Aun así, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, no hay garantía de que Israel cumpla un cese al fuego.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió continuar su guerra contra Hamás hasta alcanzar la “victoria completa” con la erradicación del grupo islamista.
Desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamás protagonizara una incursión al estado israelí matando unos mil 200 personas y secuestrando a 250, provocaría una respuesta militar de ese país del Medio Oriente, dejando hasta el momento unos 25 mil 490 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.
¿Qué medidas pide Sudáfrica?
Para que se dicten estas llamadas «medidas provisionales», el panel, de 17 jueces, debe determinar que el tribunal cuenta con jurisdicción en el asunto, que hay una disputa entre Sudáfrica e Israel respecto a la Convención sobre el Genocidio de 1948, y que existe una necesidad inmediata de implementar medidas de emergencia mientras el caso sigue su curso.
A principios de enero, los abogados sudafricanos argumentaron que las acciones del Ejército de Israel y las declaraciones de sus altos funcionarios apuntaban sus políticas a cometer un genocidio contra los palestinos de Gaza.
La magnitud de la destrucción en Gaza, los ataques contra hogares familiares y civiles, el hecho de que la guerra sea contra los niños, dejan claro que la intención genocida se comprende y se ha puesto en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina.
Tembeka Ngcukaitobi, abogado sudafricano.
Por su parte, Malcolm Shaw, abogado israelí miembro de la defensa que representa este país ante La Haya, calificó los comentarios citados por Sudáfrica como “citas aleatorias que no se ajustan a la política del Gobierno”. Por su parte, el asesor jurídico israelí Tal Becker dijo al tribunal que el país está librando una “guerra que no comenzó ni quería».
«En estas circunstancias, difícilmente puede haber una acusación más falsa y más malévola que la acusación de genocidio contra Israel», añadió.
Mientras que la sudafricana, Adila Hassim afirmó que los palestinos son sometidos en constantes bombardeos en cualquier lugar donde se dirijan o al buscar alimento o comida. «Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel”, denunció.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la suspensión de las operaciones militares en Gaza, la garantía de que el Ejército israelí no impulse estas operaciones e indemnizaciones y medios para la reconstrucción de lo destruido en la región.
Sudáfrica quiere que se evite «la privación de acceso a alimentos y agua adecuados» para la población de Gaza y pidió a Israel garantizar que las personas «bajo su control no inciten públicamente y directamente al genocidio». De ocurrir, tendrían que rendir cuentas conforme a lo estipulado en la Convención.
Pero, Israel es del pensar que estas medidas cautelares provocará una obstrucción en el rescate de los rehenes o le permitirá a Hamás espacio para preservar sus capacidades y aseguró que esto permitiría que el grupo «represente un riesgo aún mayor» para los israelíes.
Antecedentes
La corte tiene dos casos de genocidio pendientes. Uno de ellos fue presentado por Ucrania después del inicio de la invasión de Rusia y el otro involucra a Gambia, que acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría musulmana del pueblo rohinyá.
Dos extintos tribunales de la ONU realizaron juicios históricos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia emitió condenas contra varios líderes serbobosnios, entre ellos el expresidente Radovan Karadžić y el general Ratko Mladić. Las condenas fueron por su implicación en la masacre ocurrida en julio de 1995, donde más de 8.000 personas perdieron la vida en la ciudad bosnia de Srebrenica. Karadzic y Mladic recibieron cadena perpetua.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda también condenó a varios dirigentes por el genocidio de 1994 en la nación africana, cuando unas 800 mil personas, la mayoría de la etnia tutsi, fueron asesinadas.
La ciudad de La Haya, denominada como la capital internacional de la paz y la justicia, alberga tanto la sede de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, como la de la Corte Penal Internacional, CPI.
Mientras la CIJ desempeña un papel crucial al resolver casos entre naciones, abordando con frecuencia disputas fronterizas o desacuerdos sobre la interpretación de tratados internacionales, la CPI tiene la misión de responsabilizar a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con el mandato de terminar con la impunidad a nivel mundial.
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