Este martes, la justicia británica solicitó a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que recibiría el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en caso de su extradición.
Según un resumen de la decisión, los jueces del caso dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para garantizar que él podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
La decisión del martes era muy esperada porque debía determinar si Assange había agotado sus recursos en los tribunales británicos o si, como sucedió, había faltado claridad en el proceso. Los dos jueces del Tribunal Superior dijeron en su fallo que «concederán permiso para apelar» por motivos limitados «a menos que el Gobierno de los Estados Unidos de América proporcione garantías satisfactorias».
Garantías
Si no se brindan esas garantías, Assange tendrá derecho a una audiencia de apelación en su totalidad. El 20 de mayo habrá una audiencia adicional para determinar si «son satisfactorias y tomar una decisión final sobre la autorización para apelar» si Estados Unidos proporciona las garantías solicitadas.
“Es un veredicto sorprendente”, dijo a su salida del tribunal Stella Assange, esposa del acusado: “El tribunal reconoce que se le ha negado a Julian su derecho a la libertad de expresión, que se le discrimina por ser australiano y que sigue corriendo el riesgo de ser condenado a la pena de muerte”.
Pero lo que han hecho los magistrados es invitar a Estados Unidos a que haya una intervención política y envíen una carta asegurando que todo está bien. Julian es un prisionero político y un periodista perseguido por exponer el verdadero costo de la guerra en vidas humanas (…). Es una señal para todos ustedes de que si exponen los verdaderos intereses que hay detrás de las guerras, acabarán en prisión. A su parecer, “la administración del presidente Biden no debería presentar esas garantías que reclama el tribunal, sino retirar una acusación vergonzosa que nunca debió presentar.
Stella Assange.
En una audiencia de dos días hace un tiempo, los abogados de Assange argumentaron que los cargos tenían motivaciones políticas debido a la publicación por parte de él y WikiLeaks de miles de documentos clasificados y diplomáticos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak, y que la solicitud de extradición era ilegal.
De hecho, Edward Fitzgerald, su abogado, afirmó que el australiano está siendo juzgado por «prácticas periodísticas ordinarias» relacionadas con «obtener y publicar información». De acuerdo con él, Assange se encuentra en riesgo de recibir una sentencia desproporcionada en los Estados Unidos y existe la posibilidad de que sufra una denegación evidente de justicia.
La abogada Clair Dobbin, quien representa al Gobierno estadounidense, afirmó que el creador de WikiLeaks había divulgado con conocimiento y sin discriminación los nombres de personas que eran fuentes de información para los Estados Unidos. Los hechos son lo que lo distingue de otros medios, no sus opiniones políticas.
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