Las imágenes que nos llegan superan toda creencia. Ciudades enteras se sumergen bajo el agua, bebés son rescatados por helicópteros, y socorristas junto con residentes navegan en botes por las calles de Porto Alegre, la bulliciosa capital del estado, ahora sumergida. Además, su principal aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
Brasil se encuentra conmocionado por el desastre desencadenado por las intensas lluvias que azotaron Rio Grande do Sul, su estado más meridional y el cuarto más rico del país. El costo de esta catástrofe histórica es desgarrador y merece toda nuestra simpatía y atención. Sin embargo, aunque cada uno de estos desastres climáticos tiene su propia singularidad, todos convergen en una secuencia de eventos perjudiciales que abarcan toda América Latina, lo que debería impulsar un serio replanteamiento político.
El año pasado, un huracán de categoría cinco arrasó con Acapulco, los buques de carga no pudieron atravesar el canal de Panamá debido a niveles extremadamente bajos de agua y enormes incendios forestales acabaron con más de 130 vidas en Chile. La peor sequía en Argentina en al menos un siglo envió a la economía hacia una recesión, y se le pidió a los residentes de Bogotá que salieran de la ciudad por medidas de racionamiento de agua.
Según un informe de las Naciones Unidas, desde el año 2000, los desastres naturales han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que representa tres de cada diez habitantes en la región. Por ahora, dejemos a un lado la cuestión de hasta qué punto esto está relacionado con el cambio climático o los fenómenos meteorológicos de El Niño/La Niña. La realidad es que, independientemente de las causas, tanto los Gobiernos como los ciudadanos deben fortalecer sus sistemas de preparación para desastres y elaborar estrategias de emergencia, ya que eventos que antes parecían improbables ahora ocurren con mayor frecuencia.
Es cierto que América Latina no posee el monopolio de las condiciones climáticas extremas, pero en general se la considera una de las zonas del mundo más propensas a sufrir desastres. La combinación de su rica biodiversidad y densas poblaciones urbanas, junto con las limitaciones fiscales de los Gobiernos, la alta carga de deuda y la planificación deficiente, la convierte en una región vulnerable.
En Brasil, según datos de la ONG Contas Abertas, el gasto federal destinado a la prevención y recuperación de desastres naturales ha disminuido casi un 80% entre 2013 y el año pasado (aunque se presupuestaba un aumento significativo para 2024). Ahora el Gobierno brasileño está trabajando rápidamente para asistir a las víctimas de las inundaciones en Rio Grande do Sul, con planes iniciales de gastar casi 51.000 millones de reales (unos US$10.000 millones), una cifra que probablemente aumentará una vez que se contemplen los costos de reconstrucción.
Mecanismos más sólidos de preparación para desastres podrían haber salvado vidas y dinero a largo plazo, y habrían evitado situaciones en las que las autoridades «improvisan sobre la marcha», como lo describió un informe respecto al actual esfuerzo de rescate.