Este jueves 13 de junio, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, presentó en el Ministerio Público las pruebas del desvío de más 95 mil millones de lempiras de cuatro fideicomisos.
Según el oficial público, los cuatro fideicomisos que manejaban fondos de manera constante eran la Tasa de Seguridad, el Instituto de la Propiedad, Vida Mejor e Invest-H.
Ochoa informó, en una posterior rueda de prensa, realizada en las instalaciones del Ministerio Público, que los cuatro casos presentados ante el fiscal general, Johel Zelaya, ocurrió entre 2012 y 2023.
Explicó que los fideicomisos se administraron de manera que no cumplía con las normas de contratación del estado, lo cual violaba el principio constitucional de caja única del tesoro y de destino único de los ingresos. Además, se incumplió la ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la República año con año.
El funcionario explicó que de los 82 fideicomisos, los cuatro mencionados manejaron de manera directa y sin supervisión de los órganos de control del Estado, lo que el Ministerio Público debe investigar para tomar medidas contra las redes de corrupción público-privadas de alto impacto que operaron sin castigo.
Los fideicomisos
De acuerdo con lo explicado por Ochoa, se utilizó aproximadamente 30 mil millones de lempiras del fideicomiso de la Tasa de Seguridad entre 2012 y 2022 de manera confidencial, sin supervisión institucional y sin cumplir con la ley de contratación del estado.
También se informó que se descubrieron 130 contratos con precios inflados, que abarcan la adquisición del avión presidencial, alquiler de helicópteros, compra de 4 mil patrullas, cámaras de seguridad, boletos para conciertos, bebidas alcohólicas y viajes turísticos.
En el caso de Sitec del Instituto de la Propiedad (IP) fue calificado como «el principal ejemplo de corrupción público-privada generada por el régimen». Se denunció que los fondos fueron utilizados como una propiedad privada, violando la Constitución, la ley orgánica del presupuesto y la ley de contratación del Estado.
Asimismo, indicó que entre 2015 y 2022, se perdieron alrededor de 19 mil millones de lempiras. «Entre otros proyectos, en este fideicomiso se estableció la unidad especializada en la ejecución de proyectos del IP que promovió la construcción de casas chatarras en el ya conocido corrupto proyecto Morazán, como las casas contenedores en Lomas del Diamante en un terreno en disputa».
El ministro en sus declaraciones señalaba que se creó el Instituto de la Propiedad con el propósito de realizar la transformación digital, mantenimiento del sistema nacional de administración de la propiedad, suministro de placas vehiculares y digitalización del registro de la propiedad vehicular. Sin embargo, se desviaron fondos a través de ONG y empresas constructoras para financiar obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidores, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin seguir procedimientos transparentes.
Durante marzo y julio de 2022, la unidad coordinadora de proyectos contrató dos ONG por un monto superior a 150 millones de lempiras, pero no se ha presentado a la Sefin un informe de liquidación de esos fondos.
El fideicomiso de Vida Mejor, establecido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras (BCH), ha distribuido más de 38 mil 500 millones de lempiras entre 2014 y 2022. Ochoa señaló que la mayor parte de estos fondos fueron transferidos a más de 500 ONG, muchas de las cuales tienen un origen y manejo sospechoso. Además, mencionó que la mayoría de estas organizaciones están vinculadas a directivos y funcionarios del régimen posterior al golpe de Estado.
En los años 2018 a 2022, el fideicomiso de Invest-H llevó a cabo la ejecución de más de 8 mil 500 millones de lempiras, los cuales provinieron de impuestos sobre los combustibles.
Se cometió un fraude en la compra de hospitales móviles chatarra por más de mil 100 millones de lempiras, utilizando la figura del fideicomiso sin autorización legal, afirmó el funcionario, quien para finalizar denunció que el fideicomiso contrajo deuda por más de 3 mil millones de lempiras en nombre del Estado de Honduras.
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