Desafío en Honduras: Retraso en la Instalación de la CICIH
En un conflicto de declaraciones entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU), se revelan los obstáculos que enfrenta la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Manuel Zelaya Rosales, expresidente y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro, critica abiertamente a la ONU por lo que considera condiciones excesivas que han retardado el proceso. Por otro lado, desde la ONU se sostiene que las reformas legislativas necesarias no han sido implementadas por el Estado hondureño.
Manuel Zelaya Rosales, figura clave en la política hondureña, ha expresado su frustración ante el retraso en la instalación de la CICIH, atribuyendo la responsabilidad a la ONU. Según él, el gobierno de Xiomara Castro ha mostrado disposición desde el inicio para recibir la comisión, pero las exigencias de la ONU han sido un obstáculo significativo. Zelaya destaca que el Congreso Nacional autorizó la llegada de la CICIH desde el primer día, pero las condiciones impuestas por la ONU han sido un punto de fricción.
En contraste, la ONU, representada por la coordinadora residente Alice Shackelford, ha afirmado que las condiciones para la firma del convenio con la CICIH son críticas y necesarias para asegurar que el mecanismo funcione adecuadamente. Shackelford ha señalado que el gobierno hondureño propuso inicialmente firmar el convenio y luego hacer las reformas legales pertinentes, un enfoque que no ha sido aceptado por la ONU.
Entre las reformas solicitadas por la ONU se incluye la revisión de la Ley de Amnistía Política, la eliminación de la inmunidad de los diputados, y otorgar a la CICIH la capacidad de acusar en los tribunales, medidas que según Shackelford son esenciales para garantizar la efectividad y la autonomía de la comisión.
El conflicto entre el gobierno hondureño y la ONU respecto a la instalación de la CICIH refleja desafíos significativos en la lucha contra la corrupción en el país. Mientras que Manuel Zelaya Rosales denuncia demoras y condiciones onerosas por parte de la ONU, esta última argumenta que las reformas legislativas necesarias aún no han sido implementadas por el gobierno de Honduras. La situación subraya la complejidad política y legal que rodea a iniciativas anticorrupción de este tipo, así como la necesidad de un compromiso claro por parte de todas las partes involucradas para avanzar hacia la transparencia y la rendición de cuentas en Honduras.
Este artículo fue elaborado con base en declaraciones recientes de Manuel Zelaya Rosales y Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras, publicadas en diversos medios de comunicación.