El Gobierno de Nicolás Maduro intensificó su ofensiva contra los rebeldes venezolanos, ordenando el arresto de varios líderes políticos exiliados sospechosos de participar en un complot para asesinarlo a él y a otros altos funcionarios.
Entre los identificados por la justicia chavista se encuentran el exdiputado Julio Borges, el exalcalde David Smolanski, el ex embajador Carlos Vecchio y el ex militar Antonio Rivero, todos ellos miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reúne a varios rivales partidos políticos.
Según el Fiscal General Tarek William Saab, estos líderes están involucrados en una operación denominada «Plan B», que consiste en infiltrar mercenarios colombianos en Venezuela y atacar objetivos seleccionados contra Maduro y otros líderes del chavismo. La idea era llevar a cabo ataques dirigidos o sabotajes estratégicos a instalaciones.
Investigación
Saab dijo que el operativo fue detenido gracias a la cooperación de las autoridades colombianas, quienes arrestaron a varios presuntos asesinos en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Los fiscales mostraron un vídeo de la declaración de un detenido que implicaba a un líder de la oposición. El PUD negó las acusaciones y las denunció como una «ola de persecución» contra miembros del partido destinada a «intimidar» y «desmovilizar» a los partidos de oposición antes de las elecciones locales previstas para noviembre de este año.
Cortina de humo
El PUD calificó el plan como una «cortina de humo» que fue «orquestada» para desviar la atención de la grave crisis económica, social y humanitaria que enfrenta el país. También pidió el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos y políticos de los venezolanos.
La comunidad internacional también expresó preocupación por la escalada represiva del régimen de Maduro. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Grupo de Lima condenaron la orden de arresto y llamaron al diálogo y negociaciones para resolver la crisis venezolana.
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