Informe de la ONU revela crímenes graves cometidos por el Gobierno de Venezuela tras elecciones de julio
Una investigación exhaustiva por parte de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha desvelado una serie de crímenes graves perpetrados por el Gobierno de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024. El informe, publicado este martes, ofrece un panorama sombrío sobre la represión sistemática en el país, señalando violaciones graves de derechos humanos que incluyen torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Crímenes y represión
El informe destaca que, tras las elecciones que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano intensificó su represión contra las protestas. La Misión Internacional de Determinación de Hechos señala que las violaciones de derechos humanos no son «actos aislados o aleatorios», sino parte de un «plan continuo y coordinado» para silenciar la oposición. Las tácticas represivas han incluido torturas físicas y sexuales, así como violencia de género, con un impacto desproporcionado en mujeres y niñas.
Métodos de tortura
Según el informe, los métodos de tortura documentados incluyen golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño mediante iluminación constante y música a alto volumen. Estos métodos coinciden con las prácticas previamente documentadas usadas por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia de Venezuela.
Uno de los casos más alarmantes es el de John Álvarez, un estudiante y líder juvenil torturado física y sexualmente en una comisaría de Caracas. Álvarez recibió descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, y sufrió secuelas físicas significativas. La tortura se utilizó para obligarlo a incriminar a líderes sindicales, políticos y periodistas.
Casos documentados y condiciones de detención
La misión investigó al menos ocho casos adicionales de tortura y tratos crueles. También se recibieron alegaciones adicionales que no pudieron ser verificadas en detalle debido al temor a represalias. Las condiciones de detención en prisiones como El Rodeo I y Yare III, caracterizadas por aislamiento, falta de alimentos y agua adecuados, y restricciones arbitrarias de visitas, también se consideran formas de tortura o tratos crueles.
Coerción y amenazas
El informe detalla que las autoridades ejercieron coerción e intimidación en nueve casos, incluyendo amenazas contra familiares de detenidos para que grabaran videos autoincriminatorios o incriminando a terceros. Estos actos violan gravemente el derecho a no incriminarse y pueden constituir tortura.
Uso del concepto de terrorismo
El informe revela que el Gobierno venezolano, incluido el Fiscal General, ha imputado a detenidos con cargos de «instigación al odio» y «terrorismo» sin individualizar la responsabilidad. El presidente Maduro se refirió a los detenidos como «terroristas», y se han acumulado cargos ambiguos que podrían llevar a penas de hasta 30 años de prisión.
Detención de menores y tribunales especiales
La investigación también reveló la detención de 158 niños y niñas acusados de terrorismo, una práctica previamente no documentada. Los tribunales especiales de terrorismo han sido responsables de violaciones sistemáticas al debido proceso, especialmente en casos contra líderes opositores y participantes en las protestas.
Operación Tun Tun y represión
La «Operación Tun Tun» fue una campaña de detenciones masivas contra quienes protestaban o demandaban transparencia en los resultados electorales. El gobierno ha utilizado el término «terrorismo» para justificar la represión y las detenciones arbitrarias contra opositores y manifestantes.
Recomendaciones de la Misión
La Misión Internacional de Determinación de Hechos recomienda una investigación exhaustiva de las alegaciones de tortura y tratos crueles. Se insta a revisar los casos documentados para garantizar que los sobrevivientes reciban una reparación integral y se protejan sus derechos.
Este informe pone de manifiesto la gravedad de la represión en Venezuela y llama a la comunidad internacional a tomar medidas para abordar las violaciones de derechos humanos y apoyar a las víctimas.