Human Rights Watch (HRW) alertó en su informe anual la lista de paises latinoamericanos, en los que se han presentado retrocesos democráticos en el 2023, donde sus lideres son señalados de socavar la separación de poderes.
La directora para América, Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en la ciudad brasileña de São Paulo, afirmó que el 2023 pasado no fue un buen año para los derechos humanos en la región.
Goebertus, destaca tres tendencias en Latinoamérica: las amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el «debilitamiento» de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
Promesas
Además, HRW apuntó a las esperanzas frustradas en países como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro “ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas”.
HRW, en esa misma línea señala a Colombia se suscita una estrategia de la «paz total», anunciada por el presidente Gustavo Petro, para pacificar el país “no ha logrado reducir los abusos” de grupos armados contra la población civil, con 52 masacres registradas en la primera mitad del 2023.
En cuanto a México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, enfrenta su último año de gobierno; destacando unos «pocos avances»
frente a los altos niveles de violencia contra migrantes, mujeres y periodistas, entre otros grupos sociales.
Sobre el último giro político en la región, la victoria del ultraliberal Javier Milei en Argentina, Goebertus señaló que los intentos de gobernar por decreto «debilitan la capacidad del Congreso de ser un contrapeso al Ejecutivo».
Invasión de poderes
Para la directora de la región un claro ejemplo de lo que es la no separación de poderes es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al no reconocer su derrota electoral en el 2020, y que, según la activista, permitió a otros en Latinoamérica hacer los mismo, como sucedió con la turba golpista que invadió Brasilia a inicios de 2023.
Aunque para HRW en naciones como; Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay una preocupación de autoría por parte de sus gobernantes. A ese sentimiento se les unió el año pasado Guatemala y El Salvador.
El Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, dice HRW en su informe, “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad” y su aislamiento internacional se ha profundizado.
Por su parte, HRW acusa al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de “socavar sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos», en su intento de relegirse para otro periodo.
Al referirse sobre la reducción de la criminalidad en ese país centroamericano se ha conseguido a costa de “violaciones generalizadas de derechos humanos” en la respuesta de los entes de seguridad del Estado salvadoreño hacía las maras y pandillas.
En el caso de Guatemala la ONG miró retrocesos, cuando la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, trato de revertir los resultados electorales que le han otorgado la victoria a Bernardo Arévalo, “mediante la apertura de causas penales por motivos políticos”.
Un uso político de la Justicia que también percibe en Bolivia, debido a una definición “excesivamente amplia” de terrorismo que permite abrir causas contra opositores políticos.