El expresidente Alberto Fujimori, tras cumplir una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos y corrupción, ha sido liberado ‘inmediatamente’ por orden del Tribunal Constitucional de Perú. A pesar de haber recibido un indulto presidencial en 2017, la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retrasó su liberación en múltiples ocasiones.
El tribunal dictaminó la ‘falta de competencia’ de la CIDH en este caso específico. Fujimori fue condenado en 2009 por delitos graves, incluyendo homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel. Sus acciones como autor mediato en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el Grupo Colina en 1991 y 1992 respectivamente, dejaron un saldo trágico de 25 víctimas.
En 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski otorgó un indulto a Fujimori por razones humanitarias debido a su estado de salud. Sin embargo, en 2018, el Tribunal Supremo anuló este indulto tras la revisión del caso por solicitud de la CIDH, lo que llevó a Fujimori de regreso a la cárcel.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo capítulo en esta compleja historia legal, generando debate y reflexión en Perú sobre la justicia, los derechos humanos y el sistema judicial.