Encapuchados armados perpetraron un ataque este martes en las instalaciones del canal de televisión TC, ubicado en la ciudad de Guayaquil, al suroeste de Ecuador, sometiendo al personal durante una transmisión en vivo. Las impactantes imágenes revelaron a varios individuos encapuchados y armados, manteniendo a los trabajadores del canal en el suelo, exigiéndoles que solicitaran en vivo a la Policía que abandonara el lugar. En respuesta a este violento suceso, el presidente Daniel Noboa emitió un «decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno» minutos después y ordenó la ejecución de acciones militares, en el marco del estado de excepción que ya está en vigor en el país.
Este incidente ha generado gran consternación tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los medios de comunicación y la urgencia de abordar la seguridad de los periodistas. El ataque en el canal TC refleja un desafío directo a la libertad de prensa y a la estabilidad del país.
El mandato de conflicto armado interno y la decisión de llevar a cabo acciones militares marcan un giro significativo en la respuesta gubernamental a este acto violento. Este nuevo desarrollo plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo para la seguridad interna y la estabilidad política en Ecuador, así como sobre las medidas que se implementarán para abordar esta situación crítica.
La comunidad internacional observa con atención la evolución de esta situación y aguarda información adicional sobre las medidas específicas que se tomarán para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ecuatoriana en medio de esta crisis.
Esta situación crítica se desarrolla en un contexto de secuestros de policías, la fuga de dos capos de prisión, motines en las cárceles y ataques con explosivos en las calles, lo que coloca al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el epicentro de su primera crisis desde que asumió el cargo en noviembre. Durante los últimos dos días, el país sudamericano ha experimentado noches de terror, marcadas por el secuestro de siete policías en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno este lunes, como respuesta a un estallido de violencia vinculado al narcotráfico.
Esta escalada de violencia constituye un desafío significativo para la administración de Noboa y plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para controlar la situación y salvaguardar la seguridad de la población. La convergencia de eventos violentos, desde secuestros hasta motines en cárceles, destaca la complejidad de los desafíos que enfrenta Ecuador en materia de seguridad.
El narco, con sus acciones desestabilizadoras, parece poner a prueba la capacidad de respuesta del gobierno y su capacidad para mantener el orden público. La adopción del estado de excepción refleja la gravedad de la situación y subraya la necesidad de medidas extraordinarias para restaurar la paz y el control en un país afectado por la creciente influencia del narcotráfico.
La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos, mientras el presidente Noboa enfrenta su primera gran prueba en el manejo de una crisis que involucra tanto a las fuerzas de seguridad como a la estabilidad del país en su conjunto.
La Policía de Ecuador respondió con rapidez al despliegue de «unidades especializadas» en las inmediaciones del canal de televisión TC, situado en la ciudad de Guayaquil. En poco más de una hora, la situación fue controlada de manera efectiva. Las autoridades informaron que lograron ingresar a las instalaciones del canal de TV, logrando la liberación de los trabajadores que habían sido secuestrados y deteniendo a 13 de los delincuentes que habían ingresado para tomar control del sitio.
Conflicto armado interno declarado
Después del caos desencadenado en el canal de televisión, el presidente Daniel Noboa emitió este martes un «decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno». Además, identificó a varios «grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes». Este pronunciamiento del mandatario marca un giro significativo en la respuesta gubernamental ante la creciente violencia, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de abordarla con medidas extraordinarias.
«Son días sumamente difíciles porque la decisión importante es enfrentar estas amenazas con características terroristas de manera frontal», afirmó el secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, en una entrevista con el canal digital Visionarias, realizada antes del ataque al canal de TV.
La crisis se desencadenó el domingo con la fuga de Adolfo Macías, alias «Fito», líder de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. Este martes, las autoridades informaron sobre la escape de otro líder narco, Fabricio Colón Pico, miembro destacado de Los Lobos, quien había sido detenido el viernes por cargos de secuestro y su presunta implicación en un plan para asesinar a la fiscal general. Estos eventos han sumido al país en una situación compleja, marcada por la fuga de criminales de alto perfil y amenazas de características terroristas que exigen una respuesta decidida por parte del gobierno.
Según las autoridades, siete policías fueron secuestrados en distintas ubicaciones, incluyendo Machala en el suroeste, Quito y la Provincia de Los Ríos, en la misma región. Además, se reportaron explosiones contra una estación policial, la residencia del presidente de la Corte Nacional y la quema de vehículos. Hasta el momento, no se han registrado muertos ni heridos como resultado de estos eventos.
Daniel Noboa, de 36 años, el presidente más joven de Ecuador, asumió el cargo con la promesa de enfrentar con firmeza a los grupos narcotraficantes vinculados a carteles colombianos y mexicanos.
En un video no verificado que circula en redes sociales, tres agentes aparecen sentados en el suelo. Uno de ellos es forzado a leer un mensaje dirigido al presidente: «Declaraste la guerra y guerra vas a tener Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutada».
El estado de excepción, que abarca 60 días en todo el país, incluyendo las cárceles, implica un toque de queda de seis horas, vigente entre las 23.00 y las 05.00 locales. Estas medidas buscan hacer frente a la creciente violencia y a los desafíos planteados por grupos del crimen organizado, marcando una respuesta contundente por parte del gobierno ante la actual crisis.