En horas tempranas del lunes 1 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado hondureño por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012.
En una sesión legislativa del Congreso Nacional del 12 de diciembre del 2012, cuando era presidido por el ahora detenido expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), se determinó separar del cargo de magistrados a: Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz.
En un video la jueza y presidenta de la CIDH informó sobre la decisión del órgano defensor de derechos humanos contra el Estado de Honduras. Además, explicó las consecuencia que ahora deben de cumplir las autoridades por estas acciones que se realizó en la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Según el fallo de la Corte, el gobierno hondureño no cumplió con su responsabilidad de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas después de su destitución.
Además, se incumplió el mandato de «adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a eventuales responsables de amenazas y hostigamiento».
La Corte Interamericana decidió por unanimidad que el Estado era responsable de «la violación de las garantías judiciales, el principio de legalidad y los derechos políticos», entre otros, en perjuicio de los magistrados destituidos.
También con cinco a favor y dos votos en contra la CIDH estableció que el Estado es responsable por violencia del derecho al trabajo.
Por unanimidad además se condenó al Estado por la violación de integridad personal de cada juez destituido y las garantías judiciales.
Reacciones
El Canciller de la República, Eduardo Reina, expresó que se continuará trabajando para devolverle la «dignidad al país», pero recalcó que esa decisión es culpa del Partido Nacional, que gobernaba en esa época.
“El Estado de Honduras es condenado nuevamente en una Corte Internacional por acciones de los 13 años terribles del régimen del Partido Nacional y del golpismo. Condenados a pagar reparaciones a las víctimas”.
Reina, agregó: “estos actos sí son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos. Esto allanó el camino a la reelección de JOH, que se aprobarán ZEDES y cuántas violaciones constitucionales más”.
Por su parte, la presidenta del poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, manifestó su plena voluntad para que se realice la sentencia, en un tuit publicado en su cuenta de X.
Consecuencias
En el cuarto punto, la Corte acordó por unanimidad que Honduras deberá reparar los daños mediante medidas internacionales.
El estado reconocerá la responsabilidad en un acto público.
“El Estado pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización alternativa, daños materiales y por el reintegro de costos y gastos”, leyó la jueza Hernández.
Además, se requiere que Honduras presente una declaración sobre las acciones tomadas para cumplir con la sentencia. Mientras tanto, la Corte examinará el contenido completo de esta decisión.
Te puede interesar: