En un comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado enérgicamente el uso de la violencia como herramienta para socavar la democracia en Honduras, especialmente en el contexto del nombramiento provisional de un fiscal general y un fiscal general adjunto.
El martes, el Departamento de Estado anunció la prohibición de ingreso al país para ciertos políticos hondureños, aunque no precisó sus nombres, señalándolos por sus acciones que, según el comunicado, socavan los pilares democráticos del país centroamericano. Estas acciones se centran en particular en el proceso de elección interina de los fiscales del Ministerio Público.
Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, expresó su condena a las «acciones antidemocráticas» llevadas a cabo en el Congreso Nacional de Honduras al designar de manera provisional a Johel Zelaya y Mario Morazán como titulares de la Fiscalía hondureña.
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«Estados Unidos reprueba el reciente recurso a la violencia en Honduras, dirigido a minar la democracia y facilitar el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general y su adjunto interino», destaca el comunicado.
Miller hizo mención de «actos de violencia e intimidación» entre la población hondureña al llamar a grupos violentos a movilizarse, provocando agresiones físicas y actos de intimidación que resultaron en lesiones.
La Administración de Joe Biden sostiene que estas «acciones antidemocráticas debilitan las bases institucionales de Honduras y contravienen los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Honduras como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001».