El viernes, el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, anunció que Mario José Cálix Hernández, un hondureño sujeto a extradición, fue arrestado en una región montañosa de Olancho, al este de Honduras.
La Policía Nacional lo está trasladando por tierra en un vehículo Black Mamba desde Olancho hacia Tegucigalpa, donde será presentado en las próximas horas en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
Hoy se llevaría a cabo la audiencia de información en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que significa que Cálix se suma a la lista como el extraditable número 37 capturado por las autoridades hondureñas.
Socio de ‘Tony’ Hernández
Mario Cálix, de 42 años, ha sido identificado por la justicia de Estados Unidos como un asociado del exdiputado nacionalista Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas.
«Cubeta» fue uno de los 16 hondureños recientemente solicitados en extradición por Estados Unidos. Las autoridades hondureñas ofrecieron una recompensa de un millón de lempiras a quien proporcionara información sobre su paradero.
Cálix Hernández, quien ocupó el cargo de vicealcalde en Gracias, Lempira, estuvo bajo una orden de extradición emitida por Estados Unidos desde el año 2019, según lo informado por el ministro Sánchez. Sin embargo, esta orden nunca fue entregada a la Policía Nacional durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
¿De qué se le acusa a Cálix en EEUU?
Mario José Cálix está siendo procesado en Estados Unidos por tráfico de drogas y la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha solicitado su extradición. Desde enero de 2019, Cálix estaba prófugo de la justicia.
En 2019, una fuente relacionada con la lucha contra el narcotráfico identificó a Alexander Ardón, exalcalde de Florida, Copán, como el líder del cartel de AA, y a Mario Cálix Hernández como un mandadero. Se le describió como un miembro de confianza de tercer orden del cartel. Se rumoreaba que Cálix Hernández se había entregado a la DEA después de sobrevivir a un atentado, pero no se presentó en los juicios contra Tony Hernández ni en el de Juan Orlando.
En 2019, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) le confiscó al menos 58 bienes e inmuebles, 32 productos financieros, 13 vehículos y ocho sociedades mercantiles.
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