El juez Kevin Castel ha confirmado recientemente que el juicio del ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sigue programado para el 5 de febrero de 2024 a las 10:00 a.m., a pesar de ciertos recursos presentados en las últimas semanas.
Se ha conocido que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía, presentó una moción de conformidad con la Sección 6 (a) de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada («CIPA»), buscando fallos previos al juicio sobre la utilización, relevancia y admisibilidad de la información clasificada notada por el acusado, Juan Orlando Hernández.
Esta moción buscaba una orden del Tribunal que excluyera ciertos testimonios propuestos por el acusado por considerarlos irrelevantes o inadmisibles, o, como alternativa, solicitaba una audiencia a puerta cerrada para tratar la información clasificada en cuestión.
Según la resolución del juez Castel, la información clasificada en este caso ha sido catalogada por las autoridades pertinentes dentro del gobierno como necesaria para la protección por razones de seguridad nacional.
«Sin indicación alguna de que una autoridad competente haya determinado que los recuerdos del acusado sobre reuniones con funcionarios gubernamentales requieran protección por razones de seguridad nacional, y nada en esta orden impide que una autoridad apropiada tome esa determinación ahora, sujeto al derecho del acusado de impugnar dicha clasificación», declara la decisión judicial.
La corte también ha dictaminado que el acusado puede reunirse con sus abogados, autorizados o no, discutir su propia versión de los hechos, incluidas las reuniones con personas empleadas por los Estados Unidos o una de sus agencias, y no es necesario que lo haga con un intérprete autorizado.
Se ha confirmado que el juicio continúa previsto para el 5 de febrero de 2024 a las 10:00 a.m., y la Corte no anticipa cambios en dicho horario.
Hernández, de 54 años, enfrenta acusaciones que abarcan desde 2004 hasta 2022, relacionadas con presunta participación en una conspiración de corrupción y tráfico ilegal de drogas, facilitando la importación de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.