Mediante su cuenta de X, la presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención del Instituto de la Propiedad (IP), por presuntos desvío de fondos de 18,000 millones de lempiras y otras irregularidades administrativas.
La mandataria informó a través de su cuenta de X que la institución adulteró y financió la construcción de viviendas, así como también destinó recursos a obras sociales y gastos publicitarios, desviando los fondos de su propósito original. Según Castro, los fondos de ese fideicomiso estaban destinados a la transformación digital del IP.
«El IP, con erogaciones por más de L18,000 millones sin registros fiables y violando la ley, adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y de supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del Fideicomiso, que era la transformación digital del IP», comienza diciendo el hilo de X escrito por la gobernante.
«Después de la liquidación de los fideicomisos por el CN, en el IP se erogaron más de L1,000 millones de manera ilegal. El destino de estos fondos se encuentra bajo investigación. Asimismo, he sido informada de denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos, las cuales están siendo investigadas por los organismos competentes.», mencionó en su publicación.
Para finalizar el mensaje con su orden de intervenir esta institución: «Por estas razones, he tomado la decisión de intervenir el IP, que, por decreto del narcoestado desde 2015, ha operado fuera de la Caja Única del Tesoro. He ordenado que estos delitos se denuncien ante el MP».
Irregularidades
Versiones periodísticas han denunciado despilfarro de recursos del IP, como fue el supuesto pago de 1.9 millones de lempiras que se hizo para una capacitación del Registro Vehicular del IP.
Los asistentes disfrutaron una serie de actividades recreativas y tuvieron acceso a hospedaje, comida y bebida en un lujoso hotel ubicado en la costa de Tela, Atlántida, en el litoral atlántico del país.
El lujoso hotel ubicado en la playa de Tela, Atlántida, fue certificado para su contratación mediante la resolución No. SE-IP-018-2023, emitida el 22 de febrero de 2023, que adjudicó la licitación pública LPN-IP-001-2023, según la documentación a la que tuvo acceso la unidad de investigación de diario El Heraldo.
Además, se conoció de un supuesto red de traficantes de documentos en el interior de la institución, con los que obtenían lucrativos pagos por sobornos que podrían oscilar, según el caso, entre 1,500 hasta 7,000 lempiras.
El traspaso de vehículos sin la firma del propietario anterior y el nuevo está entre los documentos y trámites ilegales que ofrecen a cambio de dinero.
Además, se cometen irregularidades como la venta de copias falsas en conjunto con abogados que contratan directamente, el uso de firmas falsas para completar documentos, el traspaso de vehículos con deudas de matrícula vehicular y el cambio de placas a terceros, entre otras.
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